El diciembre que nos arrebató a Javier

viernes, 27 de diciembre de 2013

Fuente: Azarug.
Raúl Vega*. Para mí es una importante responsabilidad hablar del caso de Javier Fernández Quesada, responsabilidad que asumo con gusto. Descubrí la figura del joven estudiante tras leer un artículo del periodista Julián Ayala en la revista Canarii allá por el año 2008. Solía leer con bastante asiduidad la publicación y al conocer el asesinato del estudiante, me pareció increíble que este caso no se conozca cómo sería de justicia. Por eso me siento enormemente orgulloso por contribuir, con mi modesta presentación, al conocimiento de esta historia.


Pero para ponernos en situación de entender este caso, es necesario hablar del contexto histórico en el que se produce. Estamos en la Transición política en Canarias. El Archipiélago vive una situación de crisis social, con el cambio de modelo productivo que implementa el turismo. Alta tasa de paro, precariedad laboral e incertidumbre política, colocan al Archipiélago en una situación de inestabilidad. Pepe Alemán analiza en su libro “Canarias hoy” el cambio de modelo económico. Alemán destaca la ruptura violenta con el modo de vida anterior y el desarraigo que esto provoca. Pedro Fernaud y Enrique Badía, ambos para el periódico El País analizan en diversos reportajes la cuestión canaria. Los periodistas hablan de la dependencia económica, de la convulsa situación social y la búsqueda de una identidad propia.

Tras la muerte de Franco se abre un crisol de sensibilidades políticas. Desde 1963 Antonio Cubillo está en Argel y el independentismo se inserta en los movimientos políticos y sindicales, también en el interior. Tras el asesinato de Bartolomé García Lorenzo en septiembre de 1976, el MPAIAC proclama la propaganda armada, con la creación de las Fuerzas Armadas Guanches en noviembre de ese mismo año. 

La transición fue una época convulsa, nada que ver con el triunfalismo con el que se suele enarbolar. Historiadores como Sergio Millares o Pierre Villar han destacado la violencia política del período. Otros autores llegan más lejos y comparan el número de víctimas y de represión con el período justamente anterior al golpe militar de 1936. Mariano Sánchez Soler en su libro “La transición sangrienta”, ofrece cifras al respecto: cerca de 3.000 heridos por violencia política y 591 muertos, de los cuales 188 son asesinados por el propio aparato estatal. En Canarias algunos de ellos son Antonio González Ramos, empleado de Philips Morris muerto a manos del comisario Matute en dependencias policiales, Antonio Padilla, que murió en Adeje a manos de la Guardia Civil, Bartolomé García Lorenzo, acribillado a balazos en el barrio santacrucero de Somosierra en 1976 o el propio Javier Fernández Quesada. No podemos pasar por alto el atentado que casi cuesta la vida a Antonio Cubillo en Argel en el año 1978, reconocido e indemnizado como caso de terrorismo de Estado.

Javier Fernández Quesada, estudiante de 2º de Biología y natural de Las Palmas de Gran Canaria, es asesinado el 12 de diciembre de 1977. Ese lunes fatídico tenía lugar una huelga de solidaridad con distintos colectivos de trabajadores. Entre ellos estaban los del transporte, en huelga desde el 13 de octubre, los del tabaco, que mantenían un paro desde el 14 de noviembre y los trabajadores del frío en el puerto, con un importante papel de la Confederación Canaria de Trabajadores, un sindicato con marcado carácter independentista. 

La huelga había transcurrido con cierta normalidad hasta las tres de la tarde. A esa hora se va la Policía, pero la Guardia Civil entra en acción. Cinco o seis guardias civiles irrumpen en el Campus Universitario abriendo fuego real contra la fachada del recinto. Una de estas balas acaba con la vida del estudiante de 22 años Javier Fernández Quesada. Según la autopsia, la bala pudo ser disparada desde un plano inferior y a corta distancia, cuando Javier huía acuclillado de las balas. El agente que mata al estudiante es apodado “Polilla” y según testigos presenciales toma la pistola con las dos manos. 

Otros dos jóvenes resultan heridos, Fernando Jaesuría de 18 años y un niño de 13 años que juega en el patio de un colegio cercano. Los agentes efectúan más de 200 disparos. Según testimonios policiales los disparos fueron realizados al aire al acabarse la munición de pelotas de goma. En principio, siempre en palabras de la Guardia Civil, estaban previstos solo 10 disparos, que luego son muchos más “ante el ataque de más de 500 estudiantes descontrolados”. Más de 30 testigos presenciales contradicen esta versión. Aclaran que como mucho habría 50 estudiantes, que desde que entra la Guardia Civil no hacen sino retroceder. Parece evidente que varios disparos fueron horizontales, como atestiguan las marcas en la fachada. 

Las reacciones a la muerte del joven no se hacen esperar en Tenerife y Gran Canaria. Al día siguiente llegan de Córdoba distintos destacamentos policiales que mantienen a La Laguna en un auténtico estado de sitio. Las fuerzas policiales, dicen que estimulados por drogas para aumentar la agresividad, disparan pelotas de goma contra fachadas por el mero hecho de tener las luces encendidas, reparten porrazos a diestro y siniestro, mandan a parar a los coches con crespones negros para, en algunos casos, obligarles a tragárselos y llamaban “moros” a las personas agredidas.

Asimismo su hermano Carlos, también estudiante en la Universidad de La Laguna, denuncia burlas en las dependencias policiales, cuando va a reconocer el cuerpo de su hermano. En el mismo reportaje para La Opinión de Tenerife realizado por Daniel Millet y Octavio Hernández, Carlos Fernández Quesada da fe de las amenazas telefónicas a sus padres. Les decían “recuerden que les quedan cuatro hijos”.

Hubo una comisión de investigación parlamentaria para determinar las vicisitudes del caso. Se concluye en 1978 y consta de 59 folios. El informe determina que la Policía entró armada abriendo fuego en el recinto universitario y que no está probada la presencia de armas entre la comunidad universitaria, como así justificaba la intervención policial el Gobernador Civil de Santa Cruz de Tenerife, Luis Mardones Sevilla. Al final las fuerzas conservadoras lograron que el informe no viera la luz.

Rosa Burgos, autora del libro “El sumario Fernández Quesada, ¿una transición modélica?”, encontró la bala que mató al estudiante entre los documentos del asesinato en el Congreso de los Diputados de Madrid. Este hecho demuestra una grave omisión de pruebas. Pero Rosa Burgos aporta dos datos más: por un lado la posible presencia de “somatenes”. Un “somatén” es un civil que está autorizado a llevar armas y a mantener el orden. Por otro lado, da luz a las órdenes policiales del día anterior a la Huelga. Dentro de estas órdenes se pide “dureza” frente a los manifestantes, por lo que hay cierta actuación premeditada.

Otro documento interesante lo aporta el Editorial del diario El País del 15 de diciembre de 1977. Se titula “Las islas desafortunadas” y expone la delicada situación económica del Archipiélago, como resultado de la dependencia económica del Estado. Además pone el acento en el desconocimiento que tienen en España sobre Canarias. Una visión de un periódico español sobre Canarias casi imposible de ver hoy en día. Incluso en la prensa canaria.

José Luis Hernández, testigo presencial del asesinato, asegura que en un primer momento pensó que la matanza había sido mayor, ya que la Guardia Civil entró abriendo fuego real contra la fachada de la Universidad, donde habían unos 50 estudiantes. Para Hernández nunca se ha hecho justicia en el caso de Fernández Quesada.

Pero, ¿quién era Javier Fernández Quesada? Como comentaba anteriormente, era un estudiante de 2º curso de Biología de 22 años. Mucho se habló de su adscripción política, hasta que Octavio Hernández demuestra que Javier Fernández Quesada tenía por lo menos inquietudes independentistas. En el reverso de una foto personal, encontrada en la vivienda de la familia del joven, Fernández Quesada habla de una Canarias “por supuesto libre e independiente” y termina con el deseo de que “Canarias quizá mañana será autogestionaria”. La dudas que siempre han surgido en torno a este asesinato son si se quería matar precisamente a Javier Fernández Quesada, si la Guardia Civil conocía su ideología o si el agente “Polilla” subió las escaleras, pistola en mano, para asestar la bala mortal a Javier de manera intencionada. Interrogantes que solo obtendrán respuesta con la investigación sobre el caso, aunque sean conclusiones difíciles de demostrar.

Otro de los protagonistas es Luis Mardones, Gobernador Civil de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en aquella época. Mardones era un político heredado de la época franquista. Dicen que cuando estudiaba Veterinaria en Córdoba paró una conferencia porque era contraria a la dictadura franquista. Luego militó en UCD, ATI y Coalición Canaria. La versión de Luis Mardones, sobre los hechos de ese 12 de diciembre de 1977, habla de “pistoleros incontrolados” como autores materiales de la muerte del estudiante. Sin embargo ni un solo testigo avala esta versión, la cual le costó una demanda en 2008. Todavía en esa época, cuando era diputado por Coalición Canaria, mantenía esa posición sobre unos hechos que no habían sido esclarecidos, pero que las evidencias contradecían su postura.

Precisamente en Coalición Canaria coincidió con un compañero de Javier Fernández Quesada. Hablamos de un joven aldeano que estudiaba Medicina y que dicen que fue uno de los que practicó los primeros auxilios a Javier. Ese día gritaba “Mardones asesino”, para 30 años después sentarse con el ex gobernador en el Congreso dentro del mismo grupo parlamentario. El joven estudiante de Medicina se apellidaba Rodríguez y se llamaba Román.

El propio Luis Mardones mostró su deseo en el Congreso de que no se revisara la Memoria Histórica “para seguir adelante”. La Ley de Memoria Histórica pasó por alto en primera instancia la muerte de Javier. Recibirían la indemnización de 135.000 euros las familias de las víctimas entre el 1 de enero de 1968 al 6 de octubre de 1977. Por 77 días no entraba el caso del joven estudiante de Biología. Sin embargo la ley fue modificada en octubre de 2008, extendiéndose hasta el 31 de diciembre de 1977. También en ese mismo mes el antiguo Parque de Los Dragos en La Laguna, pasa a llamarse Parque Estudiante Javier Fernández Quesada, cumpliendo la decisión del pleno lagunero de hacía dos años.

Y como la organización de este evento me ha dado la responsabilidad, yo me siento en la obligación de extraer algunas reflexiones del asesinato de Javier Fernández Quesada. En primer lugar, destacar el período sangriento que fue la Transición política en Canarias. El movimiento político de la época fue atajado con dureza, para que todo siguiera igual. De hecho cuando se firma el Estatuto de Autonomía de 1982, buena parte de la clase política canaria son herederos del período franquista. Se intentaron eliminar todos los vestigios de cambio y todo este proceso se olvidó con el boom económico generado por el turismo. Aprovechando la despolitización histórica del pueblo canario, todo el mundo se creyó europeo y de clase media y pensó que ya todo estaba ganado. Así no se ponía en discusión el acuerdo del llamado pacto colonial.

En segundo lugar, me gustaría reclamar la figura de Javier Fernández Quesada. A veces en Canarias tendemos a intentar hacer copia y pega de las cosas que pasan en el exterior y no nos detenemos en las historias que jalonan nuestro pasado. Que no se conozca más el asesinato de Javier Fernández Quesada es un síntoma de la falta de memoria de un pueblo que prefiere solo hablar de la historia que pueda llamar la atención de los turistas, como los restos romanos en Isla de Lobos. De las personas que creen que otra Canarias es posible depende que salgan a la luz casos olvidados como el del estudiante. Fernández Quesada es un símbolo inmenso, porque murió en la calle, luchando por los derechos de los trabajadores y por una Canarias mejor. No estamos en condiciones de menospreciar su figura, como así ha hecho la oficialidad.

Y en tercer lugar, recordar que la represión parece de vuelta. Cuando el sistema se sintió amenazado en la Transición, tiró mano de la fuerza policial. Algo así está sucediendo en los últimos años. Si no que se lo digan a los compañeros de Pre-Parados, registrados e intimidados en medio de una reunión o golpeados en la inauguración del pasado curso en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que se lo pregunten a las cinco mujeres sindicalistas imputadas por manifestarse en la Confederación Canaria de Empresarios o a los compañeros de Azarug en Tenerife, golpeados por protestar delante del Teatro Víctor donde se celebraba la Asamblea Insular del Partido Popular. Es verdad. No son asesinatos. Pero la escala represiva sube al mismo tiempo que el sistema es más discutido. Además están intentando criminalizar la protesta social a través de leyes como la famosa Ley de Seguridad Ciudadana. Cuidado: no estamos tan lejos.

* Raúl Vega es periodista y colaborador de Sietesitios. Este texto fue expuesto en las "Jornadas en memoria de Javier Fernández Quesada" organizadas por el colectivo juvenil Azarug. El título ha sido usado exclusivamente para este artículo y es creación del autor.
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