Álvaro Santana Acuña*. En 1999, después de diez años de
trabajo, un grupo canario de funcionarios públicos del ayuntamiento lagunero y
expertos de nuestra universidad logró que la UNESCO declarase La Laguna como
Patrimonio de la Humanidad. Pero tras la declaración, la alcaldía decidió
privatizar la gestión del centro histórico. Hasta hoy, el centro es gestionado
por Arquitectura, Urbanismo y Cooperación. De esta multinacional es accionista
María Luisa Cerrillos, quien a su vez es la directora de la oficina pública de
gestión del Plan Especial de Protección del centro histórico.
Julia Dorta, la concejala de
patrimonio, afirma que la gestión privada del centro histórico es necesaria
porque “no hay personal en el ayuntamiento”. ¡Qué extraño! ¿Cómo es posible que
en La Laguna hubiese funcionarios y expertos capaces de obtener la dificilísima
declaración de la UNESCO, pero que luego son incapaces de gestionar el centro
histórico? Según Dorta, la multinacional está tan cualificada que a ella le
debemos el nuevo edificio del juzgado en la plaza del Adelantado, la
destrucción del callejón de Maquila y una casa escalonada del siglo XVIII, la
desaparición de una docena de casas terreras, la posible erradicación del
estanque de los patos y el mobiliario urbano de la plaza de la Catedral…
Todavía más extraño resulta que la concejala olvide que el grupo canario de
funcionarios y expertos se presentó al concurso público para la gestión del
centro histórico y que, tras raros descartes, se eligió la multinacional.
Las declaraciones de Dorta tienen una
dimensión aún más alarmante. ¿Cómo es posible que un miembro de un partido
nacionalista prefiera contratar una compañía foránea y le pague 23.234 euros
mensuales (para comparar, Rajoy cobra 6.515) mientras que en las islas el paro
entre los menores de 25 años supera el 60%? ¿Por qué el grupo de gobierno no invierte
el millón de euros que ha costado prorrogar cuatro veces el contrato de la
multinacional para formar expertos canarios en gestión de nuestro patrimonio?
Así se sacaría del paro a docenas de historiadores del arte, abogados,
arquitectos y aparejadores.
Un verdadero político nacionalista
invierte en su pueblo. Permítanme ponerles un gran ejemplo. Hace unos meses
cené en la Universidad de Harvard con Jon Azúa, ex vicepresidente del gobierno
vasco y miembro del PNV, quien me explicó cómo Bilbao se convirtió en sede del
prestigioso Museo Guggenheim. Frank Gehry, el arquitecto del edificio, exigió
unos servicios de ingeniería y arquitectura que no existían en el País Vasco.
Gehry pidió que los trajesen de fuera. Azúa se negó. Al contrario, su gobierno
nacionalista impulsó la modernización de la compañía vasca Idom, la cual formó
parte de la exitosa construcción del Guggenheim, que se ha convertido en un
atractivo turístico mundial. Pero no sólo eso. Ahora, Gehry contrata los
servicios de Idom para todos sus proyectos. Tras el apoyo del gobierno
nacionalista, hoy Idom (www.idom.com) tiene una plantilla de 2.500 personas en
cinco continentes. ¿Y en la nacionalista La Laguna?
La diferencia es abismal. En Bilbao,
los políticos apostaron por modernizar una compañía local y crear puestos de
trabajo estables para construir el Guggenheim y un futuro para los jóvenes
vascos. En La Laguna, la alcaldía supuestamente nacionalista da la espalda a
los empresarios locales y los jóvenes para seguir contratando una multinacional
foránea responsable de construcciones espantosas como la nueva sede del
juzgado. (A diferencia del Guggenheim bilbaíno, los turistas que visitan La
Laguna se horrorizan al ver el juzgado). En Bilbao, expertos y empresarios
locales colaboran en la gestión del nuevo patrimonio. En La Laguna, un centro
histórico Patrimonio de la Humanidad lo gestiona chapuceramente una compañía
privada.
Aún hay más. Gracias al éxito del
Guggenheim-Bilbao, el nacionalista Azúa es miembro de la Fundación Guggenheim
en Nueva York, una de las más influyentes del mundo. En La Laguna, una política
aparentemente nacionalista con conocimiento nulo de patrimonio dirige la
concejalía. Ser nacionalista en La Laguna es contratar una multinacional,
pagarle 23.234 euros mensuales y, a la vez, insultar a decenas de jóvenes
canarios en paro acusándolos de no estar cualificados. La realidad es que esos
jóvenes tienen más conocimiento del patrimonio lagunero que la concejala y
sienten más amor por su patrimonio que la multinacional. Cada mes que pasa, es
otro mes perdido que una falsa política nacionalista roba a nuestra juventud;
la mejor formada de nuestra historia.
*El autor es historiador y sociólogo por la Universidad de Harvard
