El expolio de los aeropuertos canarios

Por si fuera poco el expolio a nuestros recursos naturales y la agresión al medio ambiente que pretende acometer la empresa petrolera Repsol en nuestras costas, con el incondicional apoyo del Gobierno de España, se le viene a sumar otro del que no se está hablando tanto pero que tiene una dimensión vital para los intereses económicos y estratégicos de Canarias. Se trata del proyecto de privatización por parte del gobierno español del 49% de las acciones de la empresa pública AENA, encargada de la gestión y mantenimiento de los aeropuertos del Estado, donde Canarias cuenta con unas preponderantes infraestructuras generadoras de cuantiosos beneficios económicos para las arcas del Estado. Instalaciones aeroportuarias que aparte de recibir a millones de turistas anuales sirven como herramienta fundamental de cohesión territorial en el ámbito del archipiélago y de conectividad con el resto de países del planeta. De hecho con la privatización se plantea el cierre del aeropuerto de La Gomera.

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Esta privatización supone un nuevo ataque a la soberanía de los pueblos, por tanto a los intereses de todos los ciudadanos canarios, y a su propio ordenamiento jurídico para gestionar de manera eficiente su economía. El interés es claramente privado, y como demuestra la experiencia y la ley de la máxima rentabilidad privada, lo privado no podrá garantizar la calidad del servicio que la empresa pública AENA ha trazado desde su existencia, donde además ha demostrado que es económicamente rentable con un beneficio en el último año de más de 600 millones de euros. Sin embargo, se pretende vender la empresa por 2.500 millones de euros para así sufragar una supuesta deuda del conjunto del Estado, sea cierta o no, provocada por sus propios errores de ansia privatizadora. Socializar las pérdidas y privatizar los beneficios es un principio básico de la política liberal que el Gobierno de España no duda en poner en marcha siempre que tiene ocasión, para la alegría de muchas empresas que hacen un negocio redondo a costa del interés general.

El FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (conocidos por la troika), a través de sus correligionarios en las instituciones europeas, ya expusieron hace unos años bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero la “conveniencia” de privatizar los aeropuertos del Estado y así fue que el ex presidente “socialista” empezó a sentar las bases para que se llevara a cabo a través de un paquete de medidas que privatizaban hasta la Lotería Nacional. Ya bajo el gobierno de Rajoy se ha seguido avanzando en el proyecto y esta misma semana, tras un polémico parón por trifulcas en el reparto privado del pastel, se ha anunciado por parte del Ministerio de Fomento que dirige Ana Pastor la publicación de la licitación de los servicios de auditoría externa en la Oferta Pública de Venta (OPV) para su salida a Bolsa a mediados de febrero donde empresas británicas ya se han posicionado para su compra.

La privatización no se ajusta a la legalidad

El Gobierno de Canarias ha señalado que la privatización no se ajusta a la legalidad, puesto que el Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 33.13, establece que la gestión de los aeropuertos de interés general es una competencia ejecutiva de la Comunidad Autónoma, siempre que el Estado no se reserve su gestión directa. El Gobierno canario ha solicitado en repetidas ocasiones la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias Canarias-Estado, para la transmisión efectiva de la competencia. El 25 de septiembre de 2014, el Gobierno de Canarias acordó recurrir a la Audiencia Nacional para exigir la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias Canarias-Estado, una vez que se han cumplido los tres meses desde la solicitud al Ministerio para su convocatoria, sin haber obtenido respuesta.

 Foto:cgt-aeropuertos-navegacion-aerea.blogspot.com

El desprecio y la imposición del Gobierno de España con Canarias se vuelve a evidenciar al no querer sentarse con el gobierno autonómico para hablar de las condiciones de una privatización que abre muchas incógnitas sobre el futuro del turismo en Canarias, sector económico más importante en nuestra tierra que puede verse perjudicado por el encarecimiento y empeoramiento del servicio. Venden nuestros aeropuertos a cambio de nada; como pasa con las prospecciones petrolíferas: los canarios y nuestra economía asumiremos riesgos que nos pueden costar muy caros mientras unos pocos señores se lo llevan crudo.

Todo esto supondrá también el recorte en las plantillas de los trabajadores aeroportuarios canarios y unas peores condiciones laborales como ya diferentes representantes sindicales de las islas han manifestado. En fin, todo un chollo para Canarias.